En España los tiempos de cobro siempre han sido un problema: más de la mitad de las deudas se pagan con retraso, y entre un 3 y un 4% de las deudas no se pagan nunca. El resultado: la morosidad bancaria que se ha convertido en uno de los pretextos para cerrar el grifo del crédito y el ascenso de las compañías de cobro, que usan desde métodos legales (intimaciones y acuerdos de refinanciación) hasta algunos que rozan la ilegalidad (el famoso cobrador del frac y otras lindezas de acoso).
Un 20% de los acreedores recurre a este tipo de servicios, cuya eficiencia en el cobro es del 80%.
Los bancos están en su derechos de contratar a estas empresas y suscribir los datos de sus deudores a los ficheros de morosos.
Una de las secretas esperanzas de aquellos que adeudan créditos es el tiempo de prescripción de la deuda. Es decir: el tiempo tras el que, legalmente, la deuda deja de ser reconocida ante la ley.
Sin embargo, no es una buena idea sumarse a esta estrategia de dilación: en España las deudas prescriben, según su naturaleza, tras un plazo mínimo de 15 años.
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